Así lo plasman en sus propuestas al informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas al Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa relativo al año 2017 y que serán debatidas en el Congreso.

El informe del órgano fiscalizador ya recoge que el control sobre el correcto uso de las viviendas y locales de las Fuerzas Armadas se realiza a través de cruces de datos y también mediante inspecciones físicas de las viviendas por los gestores de las áreas patrimoniales.

Pese a ello, apunta que en el año 2017 hubo varios casos en los que se detectó que no se justificaba una ocupación conforme a los requisitos legalmente exigidos y sin embargo no consta que se tomaran medidas correctoras, "continuando la ocupación irregular de la vivienda y el cobro del canon".

Este apunte ha sido recogido por PP y Vox en sus propuestas de resolución y proponen que se establezca un control "sistemático" de inspecciones en las viviendas para evitar que se perpetuen estas situaciones.

De igual manera, reclaman un mecanismo que identifique correctamente los gastos asumidos por el organismo y aquellos repercutibles a los usuarios; ante la advertencia del Tribunal de Cuentas de mejorar la forma de cobro de servicios como la calefacción, el agua o la energía eléctrica.

Defensa cuenta con un parque de viviendas cuyos adjudicatarios los militares profesionales que lo solicitan debido a cambio de destino y localidad por razones del servicio. Para su reparto se obtiene un orden de prelación mediante la aplicación de un baremo que valora trienios, situación familiar y permanencia en la lista de solicitantes.

En su informe, el Tribunal de Cuentas avisa de que el futuro del INVIED está comprometido por los gastos que asume, que están "descapitalizando" el organismo y restando fondos destinados a nuevas inversiones en infraestructuras y material para las Fuerzas Armadas.

En concreto, apunta que de los datos de la contabilidad analítica "se deduce una situación que compromete seriamente la gestión futura del organismo y el normal cumplimiento de sus competencias". Lo atribuye al gasto por la compensación económica al personal militar por movilidad geográfica (47,5 millones de euros en 2017), que se está financiando predominantemente con los ingresos obtenidos por la enajenación del patrimonio.

Según avisa, ni siquiera la "insuficiente" transferencia anual del Ministerio de Defensa (20,6 millones en 2017) se está cobrando por el INVIED, al estar retenidos los fondos por la Dirección General del Tesoro.

Con ello, la propuesta del PSOE al informe incide en la necesidad de que el Gobierno mejore la planificación, el control y la gestión económica y patrimonial del INVIED, aunque sostiene que el organismo cuenta con un sistema apropiado en términos de gestión y organización operativa.