Tolosa ha sostenido, durante su intervención en los Cursos de Verano que la Universidad Complutense de Madrid (UCM) organiza en El Escorial, que con las modificaciones que se han introducido a raíz de la pandemia en el mecanismo de ratificación judicial de las medidas administrativas que supongan una limitación de derechos fundamentales se ha trasladado a los jueces la "responsabilidad" de las decisiones que "deben tomar" desde el poder político.

"Sigo insistiendo en que la labor de la jurisdicción es la labor del control de la actividad política, pero no la sustitución", ha dicho el jefe de la Sala III, que es precisamente la encargada de resolver sobre los recursos que los ejecutivos autonómicos formulen contra las resoluciones de los TSJ que tumben las restricciones para frenar la pandemia de coronavirus.

El magistrado ha criticado en concreto la última modificación legal operada mediante decreto por el Gobierno para crear un recurso de casación que permita a las comunidades autonómicas acudir al Supremo a fin de que el alto tribunal unifique la doctrina sobre las medidas anticovid que es posible acordar, una vez superado el estado de alarma.

A su juicio, "realmente no es un recurso de casación", dado que el Supremo "no está resolviendo situaciones generales, no está cumpliendo la función esencial de unificación de criterios, porque lo que está haciendo es juzgar situaciones concretas y determinadas" y, para eso, encima "está superando el gran límite del recurso de casación" que se refiere a la valoración de la prueba, puesto que se apoya en un solo dato: la situación epidemiológica de las comunidades autónomas.

EL ROL DE LAS CCAA

Tolosa ha cargado igualmente contra la decisión de convertir en autoridades delegadas a los presidentes autonómicos durante el segundo estado de alarma como "una manifestación de la cogobernanza".

A este respecto, ha argumentado que la figura de la autoridad delegada "no tiene encaje" en el ordenamiento español, por cuanto la "clave" de los estados de alarma, excepción y sitio es que permiten "centralizar" competencias y, con dicha fórmula, se dio lugar a "un sistema descentralizado" por "voluntad del poder político".

Esto propició problemas de coordinación entre los distintos órganos judiciales, según ha expuesto, planteando si ello no influyó también en "una dilación en la respuesta de los jueces en una situación donde realmente la celeridad es un valor", como una pandemia.

A ello ha añadido la problemática surgida al "devolver las competencias a las comunidades autónomas" una vez finalizado el estado de alarma, dejando la Ley General de Sanidad de 1986 como instrumento de referencia para resolver sobre la posibilidad de limitar derechos fundamentales, ante lo cual los TSJ dieron respuestas "absolutamente contradictorias" de las que ha mencionado como "mayor ejemplo" las del 7 de mayo de País Vasco y Valencia.

A pesar de esta "situación de indefinición procesal", Tolosa ha puesto en valor el trabajo de los jueces. "Creo que razonablemente hemos cumplido nuestra obligación, con unos altos niveles de excelencia", ha dicho, destacando la labor de los TSJ y de la propia Sala III. No obstante, ha augurado que "este problema jurídico continuará".

EL TC Y EL ESTADO DE ALARMA

Por otro lado, ha afeado que el Tribunal Constitucional haya resuelto ahora el recurso presentado el 6 de mayo de 2020 contra el primer estado de alarma, declarando inconstitucionales las restricciones a la libre circulación. "Si se hubiera pronunciado antes, hubiera evitado problemas", ha estimado.

En la misma línea, Tolosa ha puesto de manifiesto que un consenso parlamentario sobre la homogeneidad de la legislación "hubiera evitado muchos acontecimientos", aunque al mismo tiempo ha destacado que la "situación de desconcierto" es "cada día menor".