El magistrado rechaza así la petición efectuada por la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE), que ejerce la acusación popular en el procedimiento, y que había reclamado que el exjefe del Ejecutivo explicara ante el juez si autorizó el pago de 3.600 euros mensuales al exconsejero navarro Calixto Ayesa entre 1991 y 1995, tal y como aparecía en los papeles de Bárcenas y corroboró ante el juez el exdiputado Jaime Ignacio del Burgo.   

 La asociación de letrados solicitaba que Aznar aclarara también si las anotaciones de 1,53 millones de pesetas (9.195,49 euros) que los "papeles de Bárcenas" registran entre abril y agosto de 1990 con "JM" como beneficiario corresponden a su persona.  

 La acusación recordaba, además, que la contabilidad oficial del PP refleja que el exjefe del Ejecutivo cobró de la formación un total de 782.695 euros entre 1990 y 1996, año en que fue elegido presidente del Gobierno.

    Ruz especifica en un auto hecho público este miércoles que no advierte en los argumentos que planteó la acusación popular "razón o fundamento suficiente que justifique la necesidad, idoneidad o razonabilidad de su práctica".  

  El juez indica, además, que la declaración de Del Burgo resultó "firme, consistente y coherente con el testimonio que también prestó Calixto Ayesa". Este hecho -dice Ruz- "determina una ausencia de duda o incertidumbre" sobre la veracidad de la declaración del exdiputado.   

 El auto recuerda que la autorización de Aznar para que se efectuará el pago a Ayesa no reviste "actividad alguna de naturaleza indiciariamente delictiva, atendiendo el tiempo pretérito al que tal actividad se refiere".  

  Destaca, además, que las cantidades percibidas por Aznar "fueron contabilizadas y declaradas a la Hacienda Pública" y pone de manifiesto que estos pagos carecen de cualquier reflejo en los "papeles"de Bárcenas por lo que de la declaración del expresidente no se obtendrían "indicios adicionales a los ya existentes sobre estos documentos".  

  La Fiscalía Anticorrupción se opuso a que Aznar declarara ya que el pago de sobresueldos "no revela a priori ninguna actividad de naturaleza delictiva, que en cualquier caso y por el tiempo en que tuvieron lugar no podrían ser objeto de persecución".  

  En un escrito remitido al juez, el fiscal Antonio Romeral señalaba que la declaración de Aznar, "no resulta ni necesaria ni útil" para el esclarecimiento de los hechos investigados al no aportar "ningún conocimiento adicional, relevante y necesario".

    El Ministerio Público sostenía que la contabilidad oficial del PP recoge pagos a Aznar de 782.695,12 entre 1990 y 1996 que no tienen "ningún reflejo" en los "papeles de Bárcenas", por lo que su declaración por este extremo no resultaría "ni tan siquiera útil a los efectos de obtener algún indicio sobre la verosimilitud de dichos documentos".  

  NO PEDIRÁ LA DECLARACIÓN DE HACIENDA DE RAJOY

   Además, el magistrado ha rechazado requerir a 40 miembros del PP que recibieron distintas cantidades en concepto de gastos de representación según consta en la contabilidad oficial del partido, entre ellos el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que aporten su declaración de la renta.  

  El juez destaca que de la instrucción de la causa no se desprende por el momento ningún indicio de que alguno de estos 40 "populares" pudiera haber cometido un delito contra la Hacienda Pública. "Las cantidades que por los distintos conceptos se detallan no son generadoras de cuotas que supongan infracción penal", agrega. 

      Además de Rajoy, entre los 40 miembros cuya declaración se solicitaba se encuentra la secretaria general de la formación María Dolores de Cospedal, la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría y eministros y exministros como Ana Mato, Miguel Arias Cañete o Ángel Acebes.