El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha considerado un "error" haber traspasado las competencias en Justicia a las comunidades autónomas, por lo que se ha mostrado partidario de, "si es posible", devolverlas al Estado.

   "Si somos un Estado federal, somos un Estado federal, pero tener los inconvenientes de un Estado federal y ninguna de las ventajas como sucede actualmente en el desarrollo del Estado de las Autonomías, es realmente insuficiente", ha afirmado Torres-Dulce en el seminario Justicia y Economía organizado por la Universidad Rey Juan Carlos en Aranjuez (Madrid).

   A su juicio, fue un "error" haber traspasado competencias de orden material y personal a las autonomías. "Lo diría con la boca chica, pero algunas comunidades serían partidarias", ha planteado sobre la devolución de algunas funciones al Estado. "Un Estado en el que no hay un núcleo importante en Justicia, Sanidad y Educación, difícilmente podrá funcionar", ha advertido.

RECORTES EN FORMACIÓN  

  El fiscal general ha defendido durante su intervención que "cualquier cambio normativo implica costes económicos", al tiempo que ha abordado la situación y las necesidades del Ministerio fiscal.  

  En este contexto, ha denunciado la reducción de 400.000 euros que ha sufrido este órgano en materia de formación. "Una cosa son los recortes y otra el hachazo presupuestario", ha añadido. Según ha dicho, la rebaja presupuestaria afecta a formación inicial y continuada, idiomas o becas para el acceso a la Carrera Fiscal.   

 En todo caso, Torres-Dulce ha hecho hincapié en la necesidad de disponer de un "presupuesto singularizado" que permita a la Fiscalía saber de cuanto dinero dispone para cada partida. De lo contrario, ha añadido, difícilmente se podrá hablar de independencia y autonomía en el Ministerio Público.   

 En cuanto a los recursos materiales y personales, ha señalado que algunas fiscalías están "al borde de la sublevación en términos de trabajo", puesto que algunas carecen de personal auxiliar suficiente. "Hay infraestructuras bien dotadas y otras en una situación lamentable", ha agregado.

   Cuando pase "el tsunami de la crisis económica", Torres-Dulce ha asegurado que se tendrá que revisar "antes o después" los baremos de productividad porque el personal que accede a la carrera tiene "conciertos bajísimos" relativos a incompatibilidades, responsabilidad o dedicación.  

  "Si queremos jueces o fiscales excelentes, hay que pagarlos", ha añadido. A su juicio, es también oportuno dotar de técnicos, estadistas, informáticos y documentalistas a la Administración de Justicia.   

 A su entender, las tasas judiciales son necesarias para evitar que todos los costes se paguen a costa de tributos o impuestos. Así, ha criticado el discurso "demagógico" basado en "la Justicia para todos" por ser propio de "una injusticia antidemocrática". "Quien impulse la Justicia y pueda pagarla, que la pague", ha dicho.

 UNIDADES EXCLUSIVAS Y ADSCRITAS A LA FISCALÍA  

  En relación con la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal ha advertido de que "entrará en guerra" si ese texto no va acompañada de una memoria económica y si no se adscriben unidades de peritos y agentes de la policía judicial "directas y exclusivas" al Ministerio Fiscal", lo cual tendrá "costes de plantilla".

   En otro orden de cosas, ha apostado por reducir a "dos o tres" el catálogo de delitos que juzga el jurado popular, al tiempo que ha reprobado el tiempo y la motivación que se atribuye a estas institución.  

  Por último, Torres Dulce ha pedido que a los delitos flagrantes sean juzgados en un plazo de "24 ó 48 horas" para que no se dilaten en el tiempo, mientras que las faltas sean expulsadas del sistema jurisdiccional.