La denuncia de los jueces ha llegado al grupo por iniciativa de los representantes del Partido Popular Europeo en el mismo quienes, a instancias del eurodiputado del PP Javier Zarzalejos, han pedido analizar si en efecto está en riesgo el Estado de derecho en España por las recientes reformas.

La cuestión se ha planteado con carácter de urgencia en la reunión del grupo de este jueves y se tomará una decisión en la próxima sesión, prevista para el próximo 29 de abril, después de que los catorce eurodiputados que forman este grupo hayan analizado la denuncia de las asociaciones de jueces en detalle, han indicado a Europa Press fuentes parlamentarias.

El grupo de trabajo para la supervisión de la democracia, el Estado de derecho y Derechos Fundamentales funciona bajo el paraguas de la comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior, por lo que de prosperar la iniciativa de observar la situación en España la cuestión podría llegar al debate y pronunciamiento de dicha comisión.

Tras este paso, el eurodiputado Zarzalejos ha considerado que el que un grupo de asociaciones que representan a cerca de 2.500 jueces en España denuncien ante las instituciones europeas la situación en España es prueba de que "algo grave está ocurriendo".

"La arrogancia del Gobierno desafiando los principios de la Unión sobre el estado de derecho es insostenible y produce un grave daño político y de reputación a España", ha criticado.

Además ha afirmado que hay "indicios suficientes" de que las reformas planteadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez suponen una "violación de los principios del Estado de derecho, pilares fundamentales de la UE", por lo que queda justificado que se lleve a cabo una "evaluación desde la perspectiva europea".

CARTA A LA COMISIÓN EUROPEA

La alerta de los magistrados españoles tiene la forma de una carta enviada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) a la vicepresidenta y al comisario responsables de Justicia en la Comisión Europea, Vera Jourova y Didier Reynders, respectivamente.

La misiva, dada a conocer el pasado lunes, denuncia lo que los jueces consideran un "riesgo de violación grave" del Estado de Derecho en España por una serie de reformas que, a su juicio, amenazan la independencia judicial.

Así, critican "el apagón y desapoderamiento" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) --por la reforma que impide nombramientos estando este órgano en funciones-- y su "colonización por los partidos políticos", que comprometen los nombramientos de altos cargos judiciales, así como toda la actividad gubernativa sobre jueces (disciplinaria, promoción, formación), "y con ello su independencia e imparcialidad".

Ante esta situación, las tres asociaciones de jueces plantean al Ejecutivo comunitario que sopese activar el procedimiento previsto en el artículo 7 del Tratado de la UE para actuar ante amenazas graves del Estado de derecho, un mecanismo que abre la puerta a como la suspensión del derecho a voto en el Consejo europeo para los países que pongan en peligro los derechos fundamentales.