En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado Antonio Garcías incoa diligencias previas por la denuncia que presentó el partido socialista por posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

La denuncia se dirige también contra la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo Empresarial SL y su administrador, Íñigo Rotaeche, investigado por la Audiencia Nacional en el caso Koldo. El juez traslada las diligencias a la Fiscalía para que se pronuncie, como había adelantado 'Última Hora'.

El PSIB acusa a Ureña de construir, con el conocimiento de la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el resto del Ejecutivo autonómico, un expediente para ocultar la caducidad de la reclamación a la empresa por la calidad de las mascarillas.

La denuncia del PSIB atribuye a Ureña haber permitido deliberadamente la caducidad del expediente "en claro beneficio de la empresa y sus partícipes", instando un nuevo expediente de nulidad "como cortina de humo".

El escrito del PSIB recoge las escuchas a los investigados del caso Koldo, donde el supuesto cerebro de la trama, Carlos Cueto, informaba a Rotaeche de que Baleares "no iba a seguir con la reclamación de las mascarillas". Las investigaciones de la AN apuntan a supuestas maniobras de Koldo para ello.

La caducidad del expediente se ha convertido en el principal caballo de batalla entre PP y PSIB en las Islas. La resolución notificando la reclamación a la empresa da un plazo de tres meses y a eso se aferran los investigados en sus conversaciones cuando hablan de que la Comunidad no va a seguir con la reclamación.

El actual equipo del IbSalut, por su parte, asegura que según la normativa el plazo sería de ocho meses y que por tanto seguiría en plazo, achacando a un "error" material la referencia a los tres meses. En cualquier caso, la administración no llegó a contestar a las alegaciones presentadas por la empresa en noviembre.

El caso trascendió en febrero con la detención del ex asesor de José Luis Ábalos, y en marzo el IbSalut desistió de aquella reclamación por considerarla inviable debido a un documento del anterior equipo donde se avalaba la calidad del cargamento. Al mismo tiempo inició un nuevo expediente para declarar nulo el contrato desde su origen y reclamar el total del importe, 3,7 millones de euros. La empresa ha presentado alegaciones, según han confirmado fuentes del Ibsalut.

PERSONACIÓN DEL GOVERN

Paralelamente, el Govern intenta personarse ante la Audiencia Nacional para que se le permita actuar como perjudicada en la causa principal. El juez Ismael Moreno no lo aceptó porque el contrato se pagó con fondos europeos, por lo que considera que la perjudicada sería Europa.

Recientemente la Abogacía de la Comunidad ha trasladado a la AN la aceptación de la descertificación de fondos instada por el departamento del vicepresidente Antoni Costa. Así, acredita que los fondos ya han sido descontados a la Comunidad.