Rafael Ruiz García, vecino de Córdoba y supuestamente asociado a una póliza de seguro de rentas correspondiente a la compañía Cespa S.A. pese a no formar parte de su plantilla, ha declarado a la Policía Judicial que en 2005, quedó en situación de desempleo y expuso este "problema" a su "amigo" Francisco Javier Guerrero, por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía.   

 Guerrero es una pieza clave en la investigación del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla sobre las supuestas prejubilaciones fraudulentas descubiertas en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados con fondos autonómicos.

    La titular del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, investiga esta posible trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas e incentivados con fondos autonómicos, además de la relación de estos hechos con el acuerdo rubricado, en 2001, entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), para canalizar a través de esta última institución las ayudas a re estructuraciones laborales de empresas en crisis.

   Las subvenciones e incentivos otorgados mediante esta fórmula, ni siquiera publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y cuyo montante total ascendería a 647.869.157,45 euros, constituyen según la Policía Judicial un "incumplimiento flagrante" de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía al haber esquivado los controles administrativos y la preceptiva fiscalización. La Consejería de Empleo, en una investigación paralela, ha detectado y elevado a la juez Mercedes Alaya un total de 72 prejubilaciones falsas y otras 111 con algún tipo de "discordancias administrativas" en los expedientes de regulación de empleo promovidos por al menos una treintena de empresas andaluzas con cargo a este fondo de 647.869.157,45 euros.

UN "PROBLEMA" PARA GUERRERO  

  En este marco, Rafael Ruiz García, según figura en un atestado policial fechado el 17 de marzo de 2011 y recogido por Europa Press, prestó declaración el pasado 22 de marzo ante la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Sevilla como detenido por un presunto delito de tráfico de influencias. En su declaración, Ruiz García ha manifestado a los investigadores que en 2005 cayó en el desempleo a cuenta del cierre de la empresa Chamorro y Moreno. Entonces, "como era amigo de Javier Guerrero Benítez" y éste era director general de Trabajo y Seguridad Social, le telefoneó para exponerle este "problema".

   Después de "un largo periodo de tiempo", desde la compañía de previsión social Fortia Vida le fue requerida documentación y "una señorita que se identificó como la secretaria de Guerrero le comunicó, por teléfono, que se pasara por la Consejería de Empleo para firmar unas pólizas a su nombre, cosa que hizo".

Rafael Ruiz García, así, ha asegurado que "no conoce la empresa Cespa" y no ha identificado el certificado individual de la póliza de seguro de rentas suscrita con relación a esta empresa. Sí ha reconocido otra póliza de seguro de rentas en la que él mismo figura como beneficiario, remitiéndose a lo anteriormente descrito para justificar estos cobros.