En su escrito de acusación, difundido este sábado, sustenta de este modo los cargos que presenta por rebelión, argumentando que para incurrir en ella "basta con alzarse, violenta y públicamente" para lograr "la separación de una parte del territorio del resto de España, sin necesidad del empleo de armas".

Entiende así que el delito de rebelión es plenamente imputable a quienes, "conociendo el ineludible estallido de violencia social que provocarían sus arengas y actuaciones, lo incorporaron a sus planes de actuación criminal y persistieron en realizar constantes aportaciones doctrinales y propagandísticas que impulsaran la agitación social y la violencia en pos del objetivo secesionista".

En esta línea, dice que los líderes del procés contaban ya de antemano con "la utilización de la movilización popular" como "mecanismo sofisticado y novedoso en comparación con otros golpes de estado ocurridos en la historia moderna occidental para desarrollar y ejecutar un proceso golpista haciéndolo pasar como si de un proceso democrático se tratara".

"Más aún, el empleo de las manifestaciones tumultuarias y la pasividad, si no complicidad, de la policía autonómica catalana, eran los únicos mecanismos de fuerza con que se contaba para superar una oposición del Estado que, al final, resultaría ineludible aunque solo fuera por obligación impuesta por el Ordenamiento Jurídico Constitucional", añade al respecto.

Sobre el particular de ANC y Òmnium, dice que su papel fue impulsar una mayor aceptación de las iniciativas secesionistas, "así como favorecer la creencia pública de que la proclamación de la república era perfectamente viable, buscando, por último, una intensa y violenta movilización ciudadana con el objetivo de quebrar y doblegar a las estructuras del Estado".

Se refiere en este punto al "asedio violento" de la Consellería catalana de Economía los días 20 y 21 de septiembre pues a juicio de Vox, lo ocurrido "reúne todas las características que identifican la 'actuación violenta' e, incluso, la simple 'violencia'".

Añade que pese al precedente de este "violento levantamiento" que "podría reiterarse" y pese al cual, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart "impulsaron a todos los catalanes a que el 1-O acudieran a los diferentes centros de votación e impidieran que las fuerzas policiales cumplieran su cometido".

"Este proceso hace frente a un ataque al Estado Constitucional que, con la voluntad de imponer un cambio en la forma de gobierno para Cataluña y del resto del país, integra una gravedad y persistencia inusitada y sin parangón en ninguna democracia de nuestro entorno", señala Vox.

"LANZARON A LAS MASAS CONTRA LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO"

Afirma que, además, se ha desplegado "aprovechando las facultades políticas y de gobierno que la propia Constitución otorga precisamente para la garantía de los derechos de todos los ciudadanos" y apoyándose en la mencionada movilización popular, pues les acusa de "lanzar violentamente a las masas de los ciudadanos catalanes separatistas contra las instituciones del Estado".

Esta acusación, que triplica las penas solicitadas por Fiscalía General del Estado, pide no obstante que en caso de no verse probado el delito de rebelión, se aplique alternativamente el delito de sedición.

El partido que preside Santiago Abascal ve "evidente" que los "los grupos multitudinarios de personas que se congregaron" tanto en la consejería como en los centros de votación el 1 de octubre, "lo hicieron de forma voluntaria, concertada y coordinada" y "de forma tumultuosa para impedir o dificultar gravemente la actuación de la comisión judicial" y del despliegue policial, respectivamente.