"Promover que la financiación de la atención a la dependencia sea suficiente, y exclusiva por parte de la Administración General del Estado, para poner fin a la desigualdad que la financiación autonómica provoca entre españoles", plantea Vox en el texto de la iniciativa, recogida por Europa Press.

Según recuerda la formación liderada por Santiago Abascal, más de un millón y medio de personas en España se encuentran en situación de dependencia. Según datos del IMSERSO, a 30 de noviembre de 2023, había 2,06 millones de solicitudes, una cifra que se ha ido incrementando en los últimos años.

Para Vox, este tipo de ayuda a la dependencia "se ha instrumentalizado" en los últimos años a través del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que se rige por una normativa propia, la ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia.

Dicha ley, según señala el grupo parlamentario, tiene como objetivo configurar una "red de utilización pública que integra, de forma coordinada, centros y servicios, públicos y privados", y encauzar prestaciones económicas o de servicios destinadas "a la promoción de la autonomía personal" y "a atender las necesidades de las personas con dificultades para la realización de las actividades básicas de la vida diaria".

Si bien, según denuncia Vox, este sistema presenta una serie de "deficiencias" y genera "graves injusticias". A este respecto, señala que existe una "gran diferencia de financiación" autonómica del SAAD, "lo que implica que una persona en situación de dependencia pueda optar a más o menos ayudas en función del lugar donde resida".

Igualmente, lamenta que la competencia autonómica en la gestión del SAAD "provoca la existencia de 17 sistemas distintos de reconocimiento y concesión de las prestaciones", es decir, "una nueva fuente de desigualdad entre los españoles".

Además, denuncia la "burocratización" del sistema "causa de que cada año mueran miles de personas a la espera de ser reconocidas beneficiarias o de recibir la prestación".

Por todo ello, el grupo parlamentario exige en su iniciativa promover "la armonización estatal" de la atención a la dependencia, para garantizar "la igualdad de todos los españoles, con independencia de su lugar de residencia, tanto en el reconocimiento de la situación de discapacidad como en el acceso a la prestación" y la "desburocratización del sistema".

También propone realizar un estudio público anual que incluya la evolución del número de personas en situación de dependencia en los últimos cinco años y la previsión de aumento de las mismas en los próximos cinco años; y el incremento en el coste de los servicios asociados a la dependencia en los últimos cinco años, desglosado por regiones, y la previsión de aumento en los próximos cinco años.

Asimismo, pide actualizar la cuantía económica de las prestaciones de atención a la dependencia de acuerdo con el incremento que arroje el estudio anual.